por Patricio López
La votación del Parlamento sobre la píldora del día después abre frentes de batalla que van más allá del importante contenido del proyecto de ley. Las transformaciones que están en juego son, fundamentalmente, de carácter simbólico, es decir, se trata de una lucha por cambiar la subjetividad y el sentido común del cuerpo social chileno.
Hay que recordar que, hace poco tiempo, ni siquiera había consenso al interior de la Concertación respecto a cómo abordar estos temas. La votación en la Comisión de Salud y en el hemiciclo marca un nuevo escenario: no sólo vota el oficialismo en bloque, sino también a ellos se suman diputados de Renovación Nacional e incluso de la UDI. Lo que está en juego con la construcción de esta nueva mayoría de sentido común se manifiesta en al menos cinco frentes simbólicos.
En primer lugar, se juega un paso importante en el camino hacia la consagración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Mirado en perspectiva, el fallo del Tribunal Constitucional del año pasado, que prohibió la píldora en el servicio público de salud, le hizo un flaco favor a quienes hicieron la presentación, pues ya no pudieron sostener el veto a la discusión de éste y otros temas. Sea cual sea el resultado de la votación sobre la píldora, tendrá efectos sobre otros debates que necesariamente han de darse en la carrera presidencial, como por ejemplo la compleja discusión sobre el aborto o, al menos, sobre el aborto terapéutico.
En segundo lugar, está en juego el derecho de hombres y mujeres a que sus opciones sexuales sean respetadas y consideradas por el Estado. Esta idea nos sugiere un vínculo entre la discusión de la píldora y aquella sobre la unión civil entre homosexuales, justo cuando se celebran diez años de la despenalización de la sodomía en la legislación chilena.
También, la lucha porque esta institucionalidad de matriz neoliberal no siga consagrando legalmente las diferencias entre ricos y pobres. Resultaba indignante y doloroso que esta ley le negara la píldora a las mujeres modestas, dejando esta posibilidad sólo al alcance de aquellas de mayores recursos y capital sociocultural.
Cuarto, la eventual aprobación de esta ley consagrará el declive de la influencia de la iglesia católica en la opinión pública y en la política. Será, por lo tanto, una dura derrota para el giro ideológico que realizó desde los noventa, cuando abandonó el discurso social estructural y se concentró en la defensa de una moral sexual. En el primer nivel, su discurso aún es creíble, lo cual se manifiesta por ejemplo en la capacidad de generar discusión cuando monseñor Goic habla del salario mínimo ético. En el ámbito de la moral sexual, en cambio, todas las ideas que ha levantado la iglesia católica chilena en los últimos 20 años han sido derrotadas.
Por último, la aprobación de esta ley podría actualizar a la clase política y reducir su grave brecha de representatividad respecto a la ciudadanía. Hoy, más del 75 por ciento de los chilenos y chilenas exigen que el Estado distribuya la píldora. El Parlamento podría expresar esa voluntad mayoritaria. Si así sucediera, nos quedaría una lección: en años electorales, cuando los ciudadanos pueden pronunciarse sobre la función pública, la política suele expresar mejor la opinión de la sociedad. Para que ello sea permanente, es imprescindible que haya un proceso de profundización de la democracia meramente formal que hoy tenemos, que le dé a los ciudadanos poder real sobre las autoridades que eligen.
El Parlamento dirá su palabra, primero en la Cámara y después en el Senado. Si el proyecto de ley se aprueba, será un reconocimiento al Gobierno por ejercer esta vez un liderazgo que el año pasado esquivó. Y un duro castigo para los conservadores que quieren mantener hegemonías simbólicas y frenar el avance hacia un estado de cosas que reconozca, en lo profundo, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
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